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IU pide responsabilidades por el sobrecoste del nuevo campo de fútbol


La obra denominada construcción de gradas y campo de futbol 7, vestuarios y equipamiento médico cuesta 383.582,40 euros mas que el precio de adjudicación de 2.029.962,33 euros que ha sido pagada con fondos municipales
El concejal de contratación mediante resolución firmada el 28 de junio aprueba la contratación de una modificación del proyecto, 2 días antes de la presentación de la certificación de obras, es decir cuando la obra estaba hecha
El informe de intervención advierte de la falta de contrato para su pago y del posible vicio de nulidad: textualmente advierte: “ el adjudicatario prestó el servicio sin que quedara acreditado los requisitos exigidos en el acuerdo de adjudicación, por lo que el acto de aprobación del presente gasto podría adolecer del vicio de nulidad.”
IU quiere conocer el cargo público o funcionario que dio el visto bueno al inicio de las obras que dieron lugar a la certificación nº 11 y a la factura correspondiente aprobada el 30 de julio en junta de gobierno local donde todos los informes tanto de intervención como de secretaría son también de 30 de julio, es decir, que el servicio económico y jurídico del consistorio se entera del gasto el mismo 30 de julio al igual que el concejal de deportes quién justifica el pago, en la misma fecha, aduciendo que las reformas de la obra mejoran el proyecto. curioso. esta misma pregunta para requerir responsable municipal que autorizaba las obras fue hecha en el pleno sin obtener respuesta alguna.en cuanto al enriquecimiento injusto para el pago solo se puede justificar si hay sentencia firme judicial que lo ampare, como lo estipula en su informe el interventor, “la obligación de pago para el ayuntamiento una vez reconocido en la vía judicial”, lo que no es el caso aquí. se refiere a la jurisprudencia como medida preventiva sin ningún fundamento jurídico, a juicio de iu.izquierda unida esperará tener contestación al requerimiento para emprender acciones legales, si hubiera lugar, para depurar cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal

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