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La Diputación pedirá al TSJCV la inconstitucionalidad contra el decreto ley del plurilingüismo


La institución provincial considera que el Consell está incumpliendo el mandato judicial que le obliga a volver al modelo lingüístico de 2012
La Diputación de Alicante ha solicitado al TSJCV que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del plurilingüismo al entender que con el mismo el Consell está eludiendo la medida cautelar impuesta por el tribunal en la que se le instaba a volver a la norma aprobada en 2012. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, tras mantener un encuentro con la presidenta de CONCAPA Alicante, Julia Llopis, y con el presidente de la FAPA ‘Gabriel Miró’, Ramón López, a quienes les ha informado de esta medida, que ha sido solicitada hoy mismo a través de un incidente de ejecución.
“La libertad va a derrotar en la Comunitat Valenciana al decreto, a la imposición y al pensamiento único; esta batalla la vamos a ganar y cuando venzamos le pediremos al president Ximo Puig que cese inmediatamente al conseller Vicent Marzà”, ha indicado Sánchez.
Asimismo, ha indicado que “no vamos a permitir que se construyan puentes solo en una dirección, que se tiendan puentes con Cataluña y se levanten muros con España, y esa es la finalidad de la política educativa del señor Marzà”. “Derribaremos cualquier muro que el Gobierno valenciano construya con España”, ha insistido el presidente, quien ha señalado que “uno se ciega cuando se vuelve fanático y Marzà no ve a mucha gente en la Comunitat que quiere libertad educativa”.
El portavoz del equipo de Gobierno de la institución, Carlos Castillo, ha explicado, por su parte, que el Consell “no puede regatear a la justicia” impulsando un decreto-ley que, en ningún caso, garantiza la ejecución completa de los dictámenes judiciales en los términos que ha indicado la Sala, motivo por el cual la Diputación ha pedido al TSJ el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra la citada norma.
“La Conselleria y el Consell ni acatan ni respetan el auto de suspensión, que solo se cumple respetando la normativa establecida por el PP en el año 2012”, ha indicado Castillo, quien ha explicado que el decreto-ley se ha aprobado con la exclusiva voluntad de eludir el cumplimiento de una resolución judicial, resultando contraria a los artículos 24 (tutela judicial efectiva) y 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los pólderes públicos) de la Constitución. Al mismo tiempo, se señala que con su aprobación se infringe el art. 86 de la Constitución en lo que atañe a los presupuestos necesarios para aprobar esta clase de norma- extraordinaria y de urgente necesidad-. En este sentido, el portavoz ha recordado que el decreto de plurilingüismo fue suspendido el pasado mes de mayo. “Creemos que la fundamentación de esta propuesta elevada al TSJ es muy sólida y estamos convencidos de que prosperará”, ha indicado Castillo.
Por su parte, el presidente ha insistido en que “desde la Diputación de Alicante, como ya hemos dicho en varias ocasiones, vamos a agotar todas las vías legales posibles para defender los intereses de los ciudadanos de la provincia de Alicante y la libertad de los padres y madres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, Sánchez ha vuelto a criticar la deriva nacionalista del Consell y ha indicado que “trabajaremos para derrotar al nacionalismo antes de que el nacionalismo una vez más nos destruya ya que representa lo peor del siglo que dejamos atrás, familias rotas y un mundo menos humano”.
Asimismo, el presidente ha lamentado que la Conselleria de Educación destine 2,3 millones de euros a una campaña para promocionar el valenciano y no invierta en la construcción de centros educativos. “Menos dinero para publicidad y camisetas y más dinero para infraestructuras educativas en la provincia de Alicante”, ha afirmado Sánchez. .
Finalmente, los representantes de Concapa y FAPA ‘Gabriel Miró’ han valorado muy positivamente la nueva acción que en materia judicial ha emprendido la Diputación de Alicante para defender “la libertad y la no exclusión de las familias en temas que les afectan directamente” y han vuelto a apelar al consenso de todos los grupos políticos en materia educativa.

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