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Los “amarristas”, denuncian el abandono de las marinas de la comarca


Reunión de usuarios de amarres de Torrevieja, con Eduardo Dolón (Foto Archivo)

El pasado sábado se reunieron en Xàbia, representantes de los amarres públicos,  para alzar la voz contra la marginación que sufren. A la reunión acudieron amarristas representantes de los puertos de Dénia, Xàbia, Altea, El Campello, Santa Pola y Torrevieja, al igual que hicieran estos últimos con el vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, Eduardo Dolón, hace unas fechas, el cual trasmitió su total apoyo y prometió poner sobre la mesa este tema. En el transcurso de la misma mostraron su indignación por el estado de estas instalaciones ya que la inversión en servicios básicos es nula, según denunciaron lso presentes, pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Amarres Públicos de la provincia de Alicante. Al parecer, los 2 millones de euros que recauda al año la Conselleria de Obras Públicas, Costas y Puertos por los 2.010 amarres públicos de la provincia de Alicante ─del total de los 2.600 que hay en toda la Comunitat─ no son suficientes para proporcionar servicios básicos como agua, luz y vigilancia, ni para mantener las instalaciones en buen estado. Al menos eso es lo que reivindican los afectados, quienes insisten que la inversión en mantenimiento es inexistente. “Solo actúan cuando el problema ya es muy evidente, cuando los pantalanes ya se están hundiendo y no hay más remedio que arreglarlos”, afirman. Denuncian que se están llevando a cabo una política de amortización de los amarres, “un claro síntoma del afán privatizador en favor de las grandes Marinas y en detrimento de lo público, de la cultura del pueblo”, aseguran. “Somos gente sencilla, no tenemos barcos de gran precio ni de grandes dimensiones, y nos sentimos abandonados por las administraciones”, lamentan los miembros de diferentes asociaciones locales, quienes además advierten que esta práctica privatizadora afecta a la economía local. “La gente que tiene amarres públicos suele ser gente del pueblo, que acude al carpintero, el pintor o el fontanero de confianza para reparar su embarcación”. Su desaparición, por tanto, perjudicaría a los negocios de la zona. Ante todas estas carencias, piden, al menos, que se reinviertan las tasas que pagan semestralmente en servicios mínimos. Xàbia, como ocurre en muchos otros puertos, carece de cualquier tipo de vigilancia. “Me han entrado a robar ya tres veces”, asegura uno de los usuarios de la localidad. Por ello es que solicitan, al menos, cámaras de seguridad. Al año, un barco de 8 metros de eslora, el máximo permitido para acceder a un amarre público, abona alrededor de 1.400 euros. Se podría decir que, de media, la Conselleria recauda 1.000 euros por cada embarcación, pero el dinero parece no llegar a los puertos. Dicen haber sido “totalmente ignorados” de estas decisiones, ya que no se les convocó a la reunión que mantuvo el Ayuntamiento de Xàbia con diferentes sectores. “Somos un colectivo muy afectado y se nos ha ninguneado. Somos los parias de la náutica”, han asegurado en el encuentro de este sábado. Proponen, ante esta situación y “siendo conscientes de la necesidad de conservación del medio marino”, aplazar un año su implantación para poder acordar unas condiciones que convengan a todos los agentes implicados. Piden que se deje a las embarcaciones pequeñas fondear en las calas, “como se ha hecho toda la vida”, ya que, según indican, sus anclas, de alrededor de 12 kilos, no llegan a arrancar la posidonia. Y, aumentar, sobre todo, las boyas de fondeo. Además, también intentan limpiar la imagen que se ha extendido sobre el sector de las embarcaciones de recreo o la pesca deportiva. “Se nos ve como depredadores y nada más lejos. Somos más vigilantes de la playa que otra cosa. Recogemos nuestros residuos y velamos por la limpieza del mar. Vamos más unidos a la sostenibilidad que a la destrucción”, aseguran.

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