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IU pide la investigación de posibles responsabilidades penales por la compatibilidad de Joaquín albaladejo


A través de una moción, la formación de izquierdas pide la devolución de las cantidades percibidas indebidamente, la presentación de una denuncia para que se investiguen posibles responsabilidades penales y la dimisión de Joaquín Albaladejo como Diputado.

Víctor Ferrández, portavoz de IU (Foto: J. Carrión)

La sentencia nº 422/14 del Juzgado de Lo Contencioso nº 1 de Elche, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con Nº de Resolución: 340/2018, declara nulo por no ajustarse a derecho el punto sexto del acuerdo del Pleno de fecha 24-09-2007, por el que se aprobó la solicitud de compatibilidad de D. Joaquín Albaladejo Martínez para ejercer, además del cargo público de concejal de Hacienda y Patrimonio, las actividades privadas de abogado, agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas. El objeto de la demanda, presentada originalmente por Izquierda Unida Torrevieja (EUPV), solicitaba anular el acuerdo plenario que declaraba la compatibilidad, como al final ha ocurrido.

La justicia considera que es de conocimiento común que no se pueden ejercer tres actividades profesionales que absorben cada una de ellas un tiempo importante, ya que dejan un tiempo mínimo de dedicación al servicio público, y más cuando el concejal debe ejercer una dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Además, especifica también que el señor Albaladejo “podía conocer de primera mano la planificación urbanística de ese municipio así como los proyectos de futuro en ese ámbito”. Por lo que este hecho “debería haber incidido decisivamente para que se denegara la petición de ese concejal”. Y es que la propia justicia recuerda que le es de aplicación al presente caso la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en sus artículos 1.3 y 11.1, según los cuales el desempeño de un cargo público será incompatible con el ejercicio actividades privadas que puedan “comprometer su imparcialidad o independencia” y que, además, no podrá ejercerlas cuando “se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado”.

Siguiendo el razonamiento jurídico de la sentencia, desde IU Torrevieja entendemos que la situación puede ir mucho más allá de una simple irregularidad administrativa, basada en una compatibilidad que nunca debió aprobarse. Y esto es porque, además de los aproximadamente 184.000 euros de dinero público que se calcula fueron percibidos indebidamente por el señor Albaladejo, se deduce de esta argumentación que durante cuatro años el concejal en cuestión manejó información que pudo comprometer su imparcialidad e independencia en el ejercicio del servicio público. Para Víctor Ferrández Esteve, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (EUPV), “esto en cualquier país democrático hubiera supuesto dimisiones de forma inmediata tanto del concejal beneficiado por la compatibilidad como de aquellos que la apoyaron con su voto”.

Sin embargo, al tratarse de un procedimiento judicial por la vía contencioso-administrativa, los jueces y magistrados no pueden ir más allá de lo que la demanda pide y, por tanto, no pueden dictaminar sobre los efectos posteriores a la declaración de compatibilidad. En este sentido, decir que la demanda fue presentada en 2007 (momento de la aprobación plenaria de la compatibilidad) y por tanto, antes de que Joaquín Albaladejo cobrara entre 2007 y 2011 “lo que nunca debió cobrar, y por eso consideramos que ha llegado el momento de dar un paso más, no podemos quedarnos en la anulación del punto plenario que aprobó la compatibilidad, debemos depurar las posibles responsabilidades civiles y penales por lo ocurrido, y que devuelvan el dinero”, ha manifestado Ferrández.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU Torrevieja ha presentado una moción en la que insta al Ayuntamiento impulsar los trámites para presentar la denuncia correspondiente para que se investiguen posibles responsabilidades penales, y para exigir tanto la devolución de las cantidades percibidas indebidamente por Joaquín Albaladejo Martínez como su dimisión como Diputado en las Cortes Generales.

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